La secuencia de escándalos es larga, pero la síntesis los agrupa a todos en una sola frase: “Un grupo social dominante saquea las arcas públicas de la Junta de Andalucía, de manera que si perteneces a ese grupo social no tienes problemas en la vida pero si no perteneces estás al margen de todo”. Un alto responsable de la judicatura andaluza es quien acierta, en conversación con El Confidencial, a resumir en un solo concepto lo ocurrido en Andalucía, con la gestión de los fondos públicos, en los últimos quince o veinte años, al menos que se tenga constancia. Es, en efecto, la síntesis que se alcanza al comprobar que todos los escándalos conocidos en la Junta de Andalucía, repartidos en la actualidad por diversos procedimientos y juzgados, guardan relación entre sí porque en todos ellos se repiten en su formación y desenlace.
La trama de los ERE, el fraude de Invercaria, las facturas falsas de los sindicatos o las subvenciones fraudulentas a cientos de empresas. En todos esos casos, que hoy están en los tribunales, ha ocurrido lo mismo. Existe un mecanismo político que permite la concesión de fondos públicos, sin límite y sin control, hasta que se descubre la farsa, cuando ya todo el dinero se ha dilapidado. La cadena parte, obviamente, del único partido que ha gobernado en Andalucía en los treinta años de autonomía y los beneficiarios son, además del propio partido, de forma directa o indirecta, todos aquellos que forman parte de su entorno, desde medios de comunicación hasta empresarios afines, familiares, pasando por los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos, aunque tampoco se debe excluir a la propia patronal andaluza. Todo encaja, con exactitud, en la definición de antes: “Un grupo social dominante que saquea las arcas públicas andaluzas”.
Uno de los escándalos que menos trascendencia tuvo y que, sin embargo, mejor ayuda a explicar el vicio de fondo de la gestión del dinero público en Andalucía se conoció a principios de 2011 con el fraude de las subvenciones a empresas para la creación de puestos de trabajo. El fraude, en concreto, se dio en las subvenciones que se reciben en Andalucía de la Unión Europea para transformar en puestos de trabajo fijos los trabajos discontinuos y eventuales. Con dinero en el 80% de la UE y el 20% de la propia Junta, se concedían subvenciones a aquellos empresarios que se comprometieran a hacer fijos a los trabajadores temporales. ¿Qué ocurrió con esos fondos? Pues que los empresarios se acogían a las subvenciones, y al poco tiempo, cuando ya tenían el dinero ingresado en la cuenta, despedían a los trabajadores. Y nadie comprobaba nada, ni nadie tenía que justificar nada, ni nadie protestaba, entre otras cosas porque los miles y miles de trabajadores estafados desconocían que tenían derecho a un puesto fijo en esa empresa.
Lo extraordinario fue descubrir que ese fraude, acotado por la investigación en tres años, no lo habían cometido ni diez ni cien empresarios, sino varios miles. ¿Qué ocurría? Sencillamente que todos actuaban así porque era la norma, lo corriente. En una región tan grande como la andaluza, y con un partido hegemónico, sólo había que pegar el oído a la vía para saber cuándo llegaba el tren. Dicho de otro modo, cuando en un país se descubre un fraude que cometen cinco o diez empresarios, está claro que se trata de una acción delictiva de la que sólo son responsables esos empresarios, pero cuando en un país el fraude lo cometen varios miles de empresarios, entonces ya no estamos hablando de una acción delictiva individual sino de un sistema delictivo, un modus operandi.
¿Control? Ninguno. ¿Responsables? La responsabilidad, hasta ahora, siempre ha quedado diluida en la propia trama administrativa, a excepción de los defraudadores, como esos empresarios que, en su mayoría, evitaron juicios porque devolvieron el dinero. Pero profundicemos en el descontrol. Porque, en ocasiones, se cuentan escándalos de esta naturaleza en Andalucía que, al acabar el relato, uno debe restregarse los ojos y volver a preguntar sobre lo que acaba de oír porque, sencillamente, parece imposible que sea cierto. Imaginemos, por ejemplo, una fundación pública que, en sus estatutos, tiene como objeto social “La felicidad humana”. Así, directamente, sin cortarse. Pero no viene por ahí el escándalo, no; el escándalo se genera a partir de algo mucho más concreto: la Junta de Andalucía le concede a esa Fundación una subvención de quince millones de euros, cuando la Fundación ya había desaparecido.
¿Y eso cómo es posible? Pues eso es, precisamente, lo que está investigando la Fiscalía, a raíz de que una periodista andaluza, Berta González de Vega, descubriera la “subvención excepcional” de 15.511.163,95 de euros que el Gobierno andaluz le concedió al vacío de una Fundación que ese mismo Gobierno había liquidado meses antes. Para colmo de ‘misterio’, resulta que la persona que firmaba la subvención, el secretario general de Innovación y Universidades, Francisco Triguero, era, además, el vicepresidente de esa Fundación que ya no existía. La historia es mucho más larga, pero baste mencionar que todo comenzó, como tantas otras cosas, por todo lo alto, en 2007, en un encuentro al que acudieron Bob Geldolf, Rigoberta Menchú, Hernando de Soto y Koffi Annan. No era para menos, ya se ha dicho que el objeto social era “la felicidad humana”.
Más enjundia financiera tiene otro macro proceso que también está en los tribunales y que es más conocido: Invercaria. Otra empresa pública de la Junta de Andalucía, de capital riesgo, que al cabo de los años revienta envuelta en decenas de subvenciones fallidas, concedidas con escaso rigor administrativo, en las que no faltan las conexiones habituales de empresarios afines y familiares. La pifia principal, una supuesta la sociedad de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), a la que Invercaria le concedió 1,6 millones de euros, sin informe técnico alguno de viabilidad que ni siquiera tenía página web. En realidad, no era nada. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción analiza lo sucedido con las subvenciones concedidas a 34 empresas más. La Policía elaboró en su día un informe en el que advertía del quebranto económico para las arcas públicas por inversiones concedidas para beneficiar a ciertas empresas pese a los “signos manifiestos de crisis económicas”, con vulneración de los principios elementales de funcionamiento de la Administración.
Vayamos a otro caso: “Se utilizaron ayudas y subvenciones de manera manifiestamente injusta y arbitraria, con total ausencia del procedimiento administrativo” para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a la Junta de Andalucía o al PSOE, con lo que se "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza". Este párrafo, por ejemplo, que podría aplicarse perfectamente a alguno de los casos anteriores, forma parte de uno de los autos dictados por la juez Mercedes Alaya en el escándalo más famoso de todos, el fraude de los ERE. Las ramificaciones, las chapuzas, el despilfarro, el descontrol y los beneficiados, como aquel que presumía de tener dinero para “asar una vaca” son conocidos por el común y encaja, mejor que ninguno, en el patrón de este saqueo de las arcas andaluzas.
Una de las últimas implicaciones del fraude de los ERE afectó a los sindicatos ya que, según la juez Alaya, formaban parte del sistema establecido para gestionar el ‘fondo de reptiles’. La sospecha de la juez es que “los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular”, en referencia a las comisiones que recibían por los ERE por parte de mediadoras y aseguradoras. Es curioso que, de forma paralela a la presunta implicación de los sindicatos en ese escándalo, haya surgido otro caso más que, de nuevo, reúne las mismas características: subvenciones que se conceden sin ningún control y que se terminan empleando en los fines más variopintos. Una campaña de publicidad, en El País y la Cadena SER, en favor de una huelga general que se financia con fondos de un teórico 'curso de formación a desempleados para especializarlos en el cuidado de enfermos de Alzheimer’. O una cena durante la Feria de Abril de Sevilla con cargo a la subvención anual de 700.000 euros concedida a UGT para gastos de manutención y alojamiento de miembros del sindicato implicados en negociaciones colectivas.
El mismo vicio, el mismo procedimiento, el mismo descontrol, el mismo grupo de beneficiados. Y ahora volvamos a repasar las palabras del principio: “Un grupo social dominante saquea las arcas públicas de la Junta de Andalucía, de manera que si perteneces a ese grupo social no tienes problemas en la vida pero si no perteneces estás al margen de todo”. Dicho de otro modo, en Andalucía, todas las corrupciones son una.
Javier Caraballo - El confidencial
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